Argentina, Australia, Chile, Francia, Noruega, Nueva Zelanda y Reino Unido son los siete estados que reclaman territorio en la Antártida.
Estas afirmaciones son interesantes porque la Antártida es un continente sin soberanía legalmente reconocida. Se destaca por ser el continente más frío, seco y ventoso de la Tierra, y tiene la distinción de ser el único continente sin población humana nativa.
Estos reclamos de soberanía no están legalmente establecidos debido al estatus único de la Antártida. Además de los siete estados que reclaman los territorios, otras 35 naciones, entre ellas Alemania, Brasil, China, Estados Unidos, India y Rusia, mantienen bases permanentes en el continente. Esta presencia subraya el interés internacional en la Antártida, a pesar de la falta de propiedad de una sola nación.
Argentina fue pionera en reclamar soberanía sobre parte de la Antártida, estableciendo la primera base permanente en 1904. La base Orcadas en la isla Laurie se destaca por ser la más antigua de las estaciones antárticas que aún están en funcionamiento.
En 1911, el explorador noruego Roald Admunsen llegó al Polo Sur, marcando un hito importante en la exploración antártica. El Estado de Chile afirmó en 1940 que la Antártida es una extensión natural de su territorio austral. Estos acontecimientos llevaron a la formulación del Tratado Antártico, que se firmó en Washington el 1 de diciembre de 1959.
El artículo primero del Tratado Antártico establece explícitamente que la Antártida se utilizará exclusivamente con fines pacíficos. Están prohibidas las actividades militares, incluido el establecimiento de bases militares o centros de pruebas de armas. Además, el tratado prohíbe la minería en el Polo Sur, pero permite la investigación científica.
Para gestionar los reclamos de soberanía, el tratado especifica que no se reconocerán nuevos reclamos y los reclamos existentes no se extenderán mientras el tratado esté vigente. El tratado se centra en facilitar el intercambio de investigaciones científicas, personal y descubrimientos entre naciones.
La duración del tratado es indefinida. El Protocolo de Madrid de 1991 introdujo medidas adicionales de protección ambiental. Este protocolo designa a la Antártida como una «reserva natural, dedicada a la paz y la ciencia».